Diputada Sabat reitera llamado al Gobierno a evaluar de Sistema de Tobilleras y oficia a Jueces para conocer medidas tras quebrantamiento

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Luego que se revelaran los incumplimientos en uso de tobillera electrónica, duplicándose en un año casos por estas infracciones, de 50 mil en 2015 a 99 mil el año pasado, la diputada RN miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, Marcela Sabat, sostuvo que, además del problema propio de la transgresión a las normas de los condenados, “flaco favor hacen las falencias propias del sistema”, más aún, “si se considera que hemos advertido al Ejecutivo y al Ministerio del Interior respecto al mal funcionamiento de esta herramienta”.

Y es que, según expuso la parlamentaria, aún “no se tiene respuesta por parte de la Presidenta de la resolución 740 aprobada a fines del año pasado, en la cual, justamente solicitamos al Gobierno realizar una evaluación del sistema de Tobilleras Electrónicas”.

En esa línea, Sabat precisó que: “Lo que buscamos con ese proyecto, fue justamente que la Presidenta, y el Ministerio del Interior, nos diera una evaluación de un sistema que dejó en evidencia deficiencias sustanciales, que van desde desconfiguración por cortes de luz, posición GPS sin reflejarse en tiempo real, o bien la inexistencia de un servicio de soporte 24/7, vale decir, un monitoreo constante por parte de Gendarmería de la persona que está con esta medida cautelar”.

La parlamentaria continuó afirmando que: “Nosotros siempre apoyamos esta medida en su tramitación, buscando que fuera un arma eficiente para combatir los altos índices de hacinamiento en nuestra cárceles, probara casos de infracción a los términos de la libertad condicional, y que ella sirviera para la mantención de vínculos familiares y sociales, antes que el aprendizaje de nuevas técnicas delictivas. Pues bien, hoy no sabemos a ciencia cierta si esto está ocurriendo, y si la base por la cual se implementó el uso de tobilleras, está funcionando”.

Finalmente, la legisladora dijo que, en paralelo, se enviará un oficio a los Jueces, para tener un “registro acabado de las medidas que se toman, después del quebrantamiento de la medida por parte de los condenados”.

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